La ONU documentó casi 4,800 detenciones arbitrarias y muertes bajo custodia estatal en Nicaragua

Un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ( ACNUDH ) documentó un patrón sistemático de violaciones a las garantías fundamentales perpetrado por el régimen de Nicaragua , encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo , que incluye 4,796 detenciones arbitrarias registradas desde 2018 , junto con casos confirmados de desaparición forzada y muertes ocurridas durante la privación de libertad .

El documento oficial detalla cómo el aparato estatal nicaragüense ha mantenido un uso continuado y prolongado de la privación de libertad como un instrumento de represión contra opositores reales o percibidos.

Las cifras recopiladas por organizaciones de la sociedad civil y sistematizadas por las Naciones Unidas revelan que, entre las 4,796 personas arrestadas arbitrariamente desde el estallido social de 2018, 3,861 corresponden a hombres y 935 a mujeres , grupo que incluye a 13 mujeres trans.

Al 15 de junio de 2026, el reporte confirmó que al menos 46 personas continuaban privadas de libertad por motivos políticos .

La gran mayoría de estos ciudadanos permanecía recluida antes del período analizado por la ONU , bajo dinámicas de detención prolongada que vulneran los estándares internacionales.

En al menos tres casos, las víctimas continuaban en prisión a pesar de haber cumplido la totalidad de sus condenas dictadas por el sistema judicial local.

Entre estos casos destaca el de Jaime Enrique Navarrete Blandón , un ciudadano encarcelado desde 2019 que, según las denuncias recogidas por el organismo internacional, sufrió torturas sistemáticas en prisión y completó formalmente su sentencia en 2023 sin ser puesto en libertad por las autoridades del régimen de Nicaragua .

El informe de la ONU resalta que la represión evolucionó desde las capturas masivas registradas en 2018 hacia una operatividad selectiva.

Además, las violaciones al debido proceso afectaron a funcionarios del propio Estado y simpatizantes del partido de gobierno, de los cuales al menos 55 sufrieron arrestos arbitrarios en el período evaluado.

La desaparición forzada se consolida como una práctica sistemática del aparato estatal La investigación realizada por la ACNUDH identificó que, en al menos 29 de los 35 casos individuales de detención arbitraria analizados a profundidad por la oficina, las víctimas sufrieron desaparición forzada mediante el ocultamiento deliberado de su paradero y su suerte .

Al cierre del informe, las autoridades de la ONU mantenían abiertos al menos ocho expedientes de desaparición forzada, con la advertencia de que la cifra real puede ser sustancialmente mayor debido al temor a represalias que frena las denuncias de los familiares en la nación centroamericana.