Privatización “light”: el Gobierno simplificó los requisitos para sumar socios a una empresa clave vinculada a la defensa

El Gobierno volvió a buscar interés privado para invertir en una de las compañías de defensa más importantes del país.

Se trata de Fabricaciones Militares que, si bien no está sujeta a privatización , el Ejecutivo ya había publicado en julio un concurso para sumar socios privados a la empresa que hoy maneja el Estado en su totalidad .

El viernes, publicó en el Boletín Oficial una nueva lista de requisitos —más flexibles que la anterior— para atraer a empresas con menor capacidad financiera que las exigidas en el llamado original, una señal de que el proceso lanzado hace siete semanas no generó el interés esperado.

La modificación, publicada como Circular N° 02 del Concurso Público Nacional e Internacional N° CPU-2026-SC-001 , alteró tres condiciones del pliego original: extendió el plazo de presentación de ofertas hasta el 3 de noviembre , habilitó presentaciones por subcategoría en los Renglones N° 2 y N° 3 —antes solo se podía ofertar por el renglón completo— y flexibilizó los requisitos de capacidad económico-financiera para consorcios.

La apertura de ofertas quedó fijada para el 4 de noviembre .

El proceso llegó en medio de un conflicto laboral abierto en la planta de Azul , provincia de Buenos Aires, donde la mitad de la plantilla lleva semanas dispensada de sus tareas.

Qué propone el concurso El mecanismo central del proceso es la conformación de Uniones Transitorias de Empresas (UTE) entre Fabricaciones Militares y los adjudicatarios privados, que tomarían el control de la gestión, la producción y la comercialización de cada unidad de negocios.

El pliego establece que el operador privado deberá tener como mínimo el 51% de participación , sin fijar un techo, mientras que el Comité Ejecutivo de cada UTE tendría tres representantes del privado y dos del Estado, con la presidencia en manos del operador.

El representante legal de la UTE también sería designado por el privado y no podría ser removido sin causa salvo por decisión unánime.

Los activos físicos —inmuebles, maquinaria, instalaciones— permanecerían en el patrimonio de Fabricaciones Militares.

En tanto, el contrato modelo incluido en el pliego señala que “el presente contrato no confiere al contratista operador ni a la UT derecho de propiedad alguno sobre las unidades de negocios” .

Los contratos tendrían una duración mínima de 10 años y máxima de 35 años -en el caso del plazo máximo, se extendería hasta 2061-.

El pliego también fija una cláusula de salida onerosa: si el Estado quisiera recuperar anticipadamente el control por razones de defensa nacional o interés público, debería pagar la inversión no amortizada más un 10% adicional.