Mecanismos de una democracia militante

Si se le pidiera a una inteligencia artificial una solución global y expeditiva a los problemas que amenazan el futuro inmediato de nuestro planeta –el cambio climático, los conflictos bélicos o las crisis migratorias principalmente–, una inquietante y harto siniestra respuesta lógica sería eliminar al ser humano por completo de la ecuación matemática, según apuntaban hace pocos días algunos expertos, expresando así su miedo a perder el control sobre los llamados «agentes de IA», aunque sin aclarar en qué medida tal cosa podría evitarse.

Descartando esta y otras distopías a lo «matrix», no parece que haya más remedio que idear mecanismos de convivencia pacífica entre los pueblos y las naciones.

Mecanismos que aseguren la continuidad y la sostenibilidad de las sociedades humanas, garantizando unas condiciones mínimas de paz y de dignidad, sin las cuales no tendría sentido alguno hablar de vida en libertad.

Bajo esta premisa, países como Alemania prohíben reformar la Constitución, ni aún cuando la propuesta viniera de una gran mayoría parlamentaria, para abolir o modificar «la dignidad humana y los derechos vinculados a ella».

En esto consisten las «cláusulas de intangibilidad», que impiden de facto que grupos extremistas puedan suprimir valores esenciales en una democracia, y en última instancia, consigan vaciar de contenido la Constitución y acaben imponiendo así un Estado de Derecho antidemocrático.

Los mecanismos de salvaguarda democrática están presentes en las constituciones de casi todos los países del mundo, pero ha sido en Alemania, debido a su traumática experiencia durante el nazismo, donde se ha insistido más en la protección del Estado de Derecho mediante la instauración de una «democracia militante» ('streitbare demokratie').

El concepto de democracia defensiva o militante se atribuye al filósofo y jurista alemán Karl Loewenstein, que observó la necesidad de proteger el orden democrático frente a aquellos movimientos políticos que, abusando de los cauces y procedimientos legales, pretendiesen subvertir y transformar el sistema desde dentro para imponer, por vías democráticas, una transformación social tal que fuese contraria a los principios y valores consagrados por la propia Constitución.

La idea, esencialmente, era que la historia no se repitiese.

Cuando Hitler fue nombrado canciller en 1933, el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP) se había convertido, siguiendo medios democráticos, en la fuerza política más apoyada en el Parlamento.

Y una vez tomado el poder, ese mismo año declaró ilegales a los partidos políticos opositores y aprobó la «Ley Habilitante» ('Ermächtigungsgesetz'), que le permitió dictar leyes al margen de la Constitución y de los tratados internacionales.