La Cámara de Cuentas censura el retraso «generalizado» de las ZBE en la región

Las zonas de bajas emisiones llegaron tarde a las principales ciudades de Castilla-La Mancha y, en cinco de las seis obligadas a implantarlas, ni siquiera estaban operativas más de dos años después de vencer el plazo legal.

La Cámara de Cuentas concluye que su desarrollo presentaba a 31 de marzo de 2025 un grado «claramente insuficiente» y constata un «incumplimiento generalizado» de una obligación que debía haberse materializado desde el 1 de enero de 2023.La fiscalización alcanza a Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Talavera de la Reina y Toledo, los seis municipios de Castilla-La Mancha que superaban los 50.000 habitantes y estaban sujetos a esta exigencia.

De todos ellos, únicamente Guadalajara había implantado entonces una ZBE, aunque lo hizo fuera del plazo establecido.

Toledo, Cuenca, Albacete, Ciudad Real y Talavera de la Reina carecían de una zona vigente y operativa y permanecían en distintas fases de elaboración o tramitación.

Para la Cámara, esa situación suponía un «incumplimiento directo de una obligación legal».El retraso adquiere una dimensión especial por los fondos públicos movilizados para poner en marcha estas zonas.

Dentro de las convocatorias del Plan de Recuperación analizadas en el informe, Albacete había recibido 11,63 millones de euros; Toledo, 3,19 millones; Talavera de la Reina, 2,43 millones; Ciudad Real, 2,05 millones; y Cuenca, 321.687 euros.

En conjunto, alrededor de 19,6 millones de euros.

Pese a ello, en la fecha de referencia ninguna de estas cinco ciudades disponía de una ZBE operativa.La Cámara advierte de un «riesgo relevante de ineficiencia en la utilización de los fondos públicos recibidos» y aprecia una «falta de correspondencia entre la financiación obtenida y el grado de ejecución alcanzado», al no haberse materializado los objetivos para los que fueron concedidas las ayudas.Los argumentos no eximen de culpaLos ayuntamientos esgrimieron diferentes motivos para explicar los retrasos.

El informe recoge razones procedimentales, técnicas, financieras, jurídicas o relacionadas con las circunstancias particulares de cada ciudad.

La conclusión de la Cámara de Cuentas, sin embargo, es tajante: ninguna de ellas justifica el incumplimiento de la obligación establecida por la legislación estatal.El órgano fiscalizador considera que la inexistencia de ZBE vigentes a 31 de marzo de 2025 en esas cinco ciudades evidencia una «insuficiente actuación administrativa» y una «falta de ejecución efectiva» por parte de los ayuntamientos.Las explicaciones son diferentes en cada municipio.