Una Ley de Amnistía en contra del Estado de Derecho y los jueces

De declarar la amnistía fuera de la Constitución a aprobar una norma para favorecer el regreso de Puigdemont, esta medida de gracia condiciona la relación de Sánchez con el independentismo

A las pocas horas de que varios ex consejeros de la Generalitat fueran trasladados ante el Supremo a declarar por su participación en el 1-O, en diciembre de 2017 , y mientra s Carles Puigdemont se refugiaba ya en Bélgica tras huir de la Justicia española, el independentismo empezó a reclamar la amnistía para el Gobierno catalán cesado mediante el artículo 155. En los balcones donde colgaban las banderas esteladas se añadió una pancarta con la leyenda « Amnistia . Fem-los lliures» y el lazo amarillo, que fijaba cuál era el nuevo objetivo político del independentismo: ni resignación a la espera de la sentencia, ni un indulto que supondría una manera de aceptar el perdón magnánimo del Estado español. Amnistía o amnistía: para liberar a los presos, para borrar el delito que cometieron y también para iniciar una ofensiva contra los jueces y «acabar con la persecución judicial» contra el independentismo catalán. Una amnistía contra el Estado de derecho y los jueces.

Aquella reacción del independentismo, para seguir políticamente vivo tras la aplicación del 155, le sirvió para diluir durante un par de años la combinación de engaño colectivo y fracaso que fue el procés ; y lanzaba un mensaje muy claro a Pedro Sánchez, con quien Junts y ERC ya ultimaban los detalles de la moción de censura a Mariano Rajoy, de cuál sería el precio final que tendría que pagar por colocarlo en La Moncloa. Sánchez tomó buena nota de aquel aviso y acabó colmando los deseos nacionalistas con una Ley de Amnistía en la que asumió todo el relato independentista: el 1-O fue la expresión de un conflicto político histórico entre Cataluña y España.

Una cesión que no logró, sin embargo, encarrilar la legislatura: el Gobierno ha sido incapaz de aprobar unos solos Presupuestos y, de manera periódica, ha tenido que solucionar nuevas crisis en su relación con los socios independentistas, especialmente con Puigdemont, de quien espera que pueda volver en breve a Cataluña después del aval del TJUE a la Ley de Amnistía. Esta tensión en torno a la concesión de la amnistía ha acompañado a Sánchez durante todo su segundo mandato y ha acabado siendo la coartada para un ataque conjunto del Gobierno y los independentistas a los jueces, uno de los principales pilares del Estado de derecho que resistió al embate separatista en 2017 y al que ahora acusan de protagonizar una persecución judicial contra Sánchez y sus socios. La dialéctica y las maneras del proceso independentista catalán saltaron a Madrid. El llamado procés español.

A pesar del desprecio público que los líderes independentistas mostraron en 2018 al indulto que les empezaba a plantear el Gobierno -«se lo pueden meter por donde les quepa», afirmó Oriol Junqueras tras su condena por sedición-, Sánchez logró con esta medida de gracia atar el apoyo de ERC a su primera legislatura.