Defender Ceuta y Melilla es defender el Estado de Derecho

Ceuta y Melilla ocupan estos días el centro de una situación de enorme gravedad.

La presión migratoria que soportan afecta a la seguridad, tensiona los servicios públicos y exige una respuesta sostenida de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las Fuerzas Armadas, de los profesionales sanitarios y de cuantos desempeñan allí una función pública.La Abogacía de Madrid mantiene desde hace años una relación estrecha con la realidad jurídica de Ceuta y Melilla.

Nuestros vínculos con sus Colegios, la colaboración entre profesionales y la atención que el ICAM ha prestado históricamente a cuestiones como la extranjería, el asilo, la asistencia letrada y la protección de los derechos fundamentales en nuestras fronteras nos han permitido conocer de cerca la singularidad de ambas ciudades.No hablamos, por tanto, de una realidad ajena ni distante.Desde la Abogacía de Madrid queremos trasladar, antes que nada, nuestra cercanía a sus ciudadanos y nuestro reconocimiento a quienes están afrontando esta situación sobre el terreno: profesionales de la abogacía, médicos, fuerzas y cuerpos de seguridad, militares, funcionarios de los servicios sociales…Pero debemos decir algo más.

Lo que sucede en Ceuta y Melilla no es únicamente un problema migratorio, fronterizo o de gestión de recursos.

Concierne directamente al Estado de Derecho.

A su capacidad para proteger el territorio, garantizar la seguridad de sus ciudadanos y hacer cumplir la ley sin renunciar a las garantías que definen una democracia.Ese es, a nuestro juicio, el verdadero alcance de lo que está en juego.La soberanía también se ejerce protegiendoCeuta y Melilla son España.

No se trata de una afirmación retórica ni de una cuestión sometida a oportunidad política.

Es una realidad constitucional, jurídica e histórica que obliga a los poderes públicos.La soberanía no consiste solamente en proclamar la integridad territorial.

Exige hacerla efectiva.

Y eso significa que los ciudadanos de Ceuta y Melilla deben recibir del Estado la misma protección, la misma seguridad jurídica y la misma atención que quienes viven en cualquier otro punto de España.Tampoco quienes sirven allí al Estado deben sentirse solos.

Respaldarlos significa proporcionarles medios, normas claras y seguridad jurídica para que puedan cumplir su función.El Estado de Derecho protege al ciudadano, pero también protege a quienes actúan legítimamente en nombre del Estado.Una frontera que no se controla deja de cumplir su funciónEspaña tiene el derecho y la obligación de controlar sus fronteras.

No debería resultar polémico afirmarlo.Una política migratoria que renuncia al control efectivo de la entrada en el territorio termina perjudicando tanto a la sociedad de acogida como a quienes buscan acceder a ella.