Dentistas denuncian un «nuevo escándalo» tras el cierre de Vivanta, que fue rescatada por el Gobierno
El presidente del Consejo General de Dentistas, el doctor Óscar Castro, ha denunciado que el cierre de las clínicas dentales de Vivanta supone «un nuevo escándalo en el sector» y ha exigido garantías inmediatas para los afectados, ya que considera «inadmisible» que pacientes con tratamientos en curso, en muchos casos abonados por adelantado, «puedan quedar de un día para otro en una situación de incertidumbre asistencial y económica ».«La prioridad debe ser garantizar su salud, la continuidad asistencial y sus derechos económicos», ha indicado, al tiempo que ha manifestado su «profunda preocupación e indignación» ante la suspensión repentina de la actividad. «Es lamentable que, una vez más, pacientes con citas programadas y tratamientos odontológicos en curso se hayan encontrado con clínicas cerradas y con una información insuficiente sobre cómo, cuándo y por quién se continuará la asistencia que habían contratado», ha reiterado.Según ha declarado Castro, «resulta inaceptable que las consecuencias de una crisis empresarial puedan trasladarse de forma inmediata a los pacientes, especialmente cuando se trata de tratamientos sanitarios que pueden prolongarse durante meses y que, en numerosos casos, han sido abonados total o parcialmente por adelantado o financiados mediante créditos vinculados».Recibió 40 millones del EstadoAdemás, ha recordado que «la gravedad de la situación resulta aún mayor si se tiene en cuenta que Vivanta fue beneficiaria en 2022 de un apoyo público temporal de 40 millones de euros procedente del 'Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas', gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)».
De la partida, 20,4 millones fueron mediante un préstamo participativo y 19,6 millones a través de uno ordinario.Tras señalar que en su momento se reclamó «conocer los criterios objetivos utilizados para justificar este apoyo» y «las razones de la ampliación de su calendario de devolución», que se aplicó posteriormente, ha expuesto también que «el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno dictaminó que la SEPI tenía que remitir los documentos en los que se refleje la consideración del Grupo Vivanta como una 'empresa estratégica' para acogerse al 'Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas'».
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