México rechaza nuevas facultades de militares de EEUU para detener migrantes
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) amplió las facultades de las fuerzas armadas para detener a migrantes que ingresen sin autorización a las llamadas Áreas de Defensa Nacional (NDA) , franjas de terreno cercanas a la frontera con México designadas como zonas militares cerradas a civiles.
La medida se suma a una estrategia que, desde abril de 2025, ha derivado en miles de procesos judiciales y en un fuerte cuestionamiento de organizaciones defensoras de derechos humanos. ¿Qué autoriza el nuevo dictamen? De acuerdo con la opinión emitida por la Oficina de Asesoría Jurídica del DOJ, reportada por Univisión, La Opinión y CBS News, el personal militar puede arrestar a personas incluso si abandonan la zona restringida justo antes de ser aprehendidas .
Los detenidos son entregados a autoridades civiles y procesados por el delito menor de violación a normas de seguridad militar y entrada no autorizada a propiedad militar, naval o de la Guardia Costera .
La disposición busca sortear la Ley Posse Comitatus , que en principio prohíbe a las fuerzas armadas estadounidenses ejercer labores de cumplimiento de la ley dentro del territorio nacional.
El subprocurador general adjunto William Hyde argumentó que el uso de personal militar para arrestar a intrusos justo fuera de una zona de seguridad no violaría dicha ley, dado el propósito militar del poder de protección de un comandante.
El propio CBS News precisó que el dictamen es de carácter administrativo y consultivo, sin sustento judicial ni valor de precedente legal .
Una estrategia que ya lleva más de un año La primera NDA se creó en el sur de Nuevo México en abril de 2025 , cuando el Departamento del Interior transfirió más de 400 millas cuadradas de terreno al Ejército, convertidas en extensión de la base Fort Huachuca.
Desde entonces, el esquema se replicó en Arizona, California y Texas, hasta sumar seis zonas activas .
Según la ACLU de Nuevo México, estas áreas ya cubren más del 40% del terreno fronterizo entre ambos países, incluidas 109,651 acres solo en territorio neomexicano.
El Pentágono colocó señalizaciones en inglés y español para advertir sobre el carácter restringido de estos terrenos, aunque defensores públicos y jueces federales han señalado que muchas veces los cruces ocurren lejos de cualquier letrero visible .
Miles de casos y jueces que rechazan los cargos El impacto judicial ha sido considerable: un reporte de la ACLU de Nuevo México documentó que, en un año, los tribunales federales de ese estado recibieron más de 4,600 casos por “allanamiento” en zonas militarizadas, con un solo juez asignado a más de 400 expedientes en menos de un mes.
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