Ex presos políticos enfrentan barreras laborales por miedo y exclusión, afirma ODH ULA

Las medidas cautelares de presentación en tribunales, las fallas para ser excluidos del Siipol o el miedo de los empleadores dificultan a los ex presos políticos a reinsertarse en el mercado laboral.

El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes afirmó que «sin una política integral de justicia transicional que incluya la rehabilitación y la garantía de no repetición, la libertad de los presos políticos seguirá siendo una libertad a medias» El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) señaló este martes 15 cómo el estigma, las medidas cautelares restrictivas y el bloqueo administrativo de los antecedentes penales condenan a los ex presos políticos a una situación de «muerte civil» que les impide el sustento propio y el de sus familias.

En una nota de prensa , el observatorio señaló que aquellos excarcelados por motivos políticos enfrentan «una nueva fase de persecución silenciosa» debido a la exclusión sistemática del mercado laboral.

Si bien la Constitución (artículo 272) establece que el sistema penitenciario debe garantizar la rehabilitación y una progresiva reinserción social de la persona privada de libertad, los ex presos políticos enfrentan otra realidad. «Uno de los principales impedimentos para que un expreso político mantenga un empleo estable es la imposición de medidas cautelares sustitutivas.

La mayoría de los excarcelados no recibe libertad plena, sino que quedan sujetos a regímenes de presentación obligatoria ante tribunales cada 15 o 30 días», señaló el ODH ULA.

Esto obliga a cientos de excarcelados, cuyos casos están bajo tribunales antiterrorismo, a viajar hasta Caracas para cumplir con esta medida.

La situación impide cumplir con horarios laborales. *Lea también: SNTP exige derogar la Ley contra el Odio: No basta con dejar de aplicarla ODH ULA puso el ejemplo de Luis*, un joven merideño liberado condicionalmente en diciembre de 2025 y cuyo nombre fue cambiado por temor a represalias.

Ha tenido al menos cuatro empleos distintos en menos de un año, debido a que sus empleadores no le han concedido los dos días de permiso al mes que requiere para viajar hasta Caracas y presentarse en tribunales.

A la inestabilidad laboral, reseñó el observatorio, se suma el costo económico de cumplir con esas presentaciones.

En el caso de los excarcelados del estado Mérida, cada viaje hasta Caracas les cuesta entre 70 y 150 dólares, dinero que al no tener ingresos estables no pueden costear por sus propios medios. «Esta situación crea un círculo vicioso de precariedad donde la libertad condicional se convierte en otra forma de mantenerlos en prisión», destacó el ODH ULA.

Asimismo, la organización documentó las trabas que enfrentan los ex presos políticos por la Certificación de Antecedentes Penales.