Calabozos del Cicpc son «cárceles paralelas» en extremo hacinamiento: informe OVP

El tiempo promedio de permanencia en calabozos del Cicpc es de un año y ocho meses, pese a que la ley establece un lapso máximo de 48 horas para ser presentando ante un tribunal.

58% de las personas identificadas lleva más de un año detenida en estos calabozos, mientras que un tercio de la población analizada (2.481 personas) supera los dos años privada de libertad Los calabozos dentro de los comandos del Cuerpos de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se han transformado en «cárceles paralelas» donde se evidencia el retardo procesal, cobros indebidos a familiares y la falta de presupuesto y personal para sostener la custodia más de siete mil privados de libertad.

Esas forman parte de las conclusiones del reciente informe del Observatorio Venezolano de Prisiones sobre las condiciones de los calabozos del Cicpc, presentando este jueves 10 de septiembre.

Según los datos recolectados por investigadores de la organización, 7.414 personas están privadas de libertad en 157 dependencias del Cicpc, distribuidas en los 24 estados del país.

La mayoría es población adulta joven: 56,7% tiene entre 26 y 45 años.

Además, hay 17 adolescentes –entre los 14 y 17 años– y 181 adultos mayores de 65 años en estos calabozos donde, según las leyes una persona no debe superar las 48 horas de presentación ante un tribunal para que decida, en caso de ordenar la detención, un nuevo centro de reclusión.

Sin embargo, el tiempo promedio de permanencia en el Cicpc es de un año y ocho meses.

58% de las personas identificadas lleva más de un año detenida en estos calabozos, mientras que un tercio de la población analizada (2.481 personas) supera los dos años privada de libertad. «Los calabozos son espacios de paso, ni diseñados para mantener a personas durante meses o años… Lo que debía ser una custodia transitoria se transformó en una modalidad permanente de encarcelamiento», destacó una investigadora del OVP.

Humberto Prado, director del OVP, recordó que en 2011, tras la creación del Ministerio de Servicio Penitenciario, la entonces ministra Iris Varela suspendió mediante una circular el ingreso de nuevos reclusos a las cárceles sin su autorización. «Esta circular paralizó todo, porque el juez tenía que esperar la aprobación de Iris Varela, como ministra.

Además, esas personas tenían que ir uniformados cuando se autorizaba el traslado a ese penal», expresó Prado.

Desde entonces, los familiares deben costear el uniforme que se les solicita a los reclusos debido a la falta de presupuesto en esta materia.

Los familiares consultados por el OVP también denunciaron cobros irregulares de hasta $200 para garantizar comida, agua, llamadas o atención médica básica.