EL PAÍS: Falta de respuesta de EE. UU. mantiene paralizada en España la investigación contra Alejandro Betancourt
La investigación que lleva adelante la Audiencia Nacional de España contra el empresario venezolano Alejandro Betancourt permanece paralizada debido a la falta de respuesta de las autoridades estadounidenses a una solicitud de cooperación judicial, según una investigación publicada este lunes por EL PAÍS.
Betancourt es investigado en España por presunto blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública, en una causa relacionada con el supuesto desvío de miles de millones de dólares de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
El juez Santiago Pedraz espera que Estados Unidos responda a una comisión rogatoria mediante la cual España solicitó tomar declaración a cinco personas que fueron procesadas o condenadas en territorio estadounidense por hechos vinculados con el esquema de corrupción conocido como “Money Flight”.
Sus testimonios son considerados relevantes para determinar el origen de los fondos que, según la investigación española, habrían terminado en Europa.
La causa había sido archivada inicialmente por Pedraz, pero la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó reabrirla en junio, al considerar que todavía quedaban diligencias pendientes y que los hechos investigados en España no habían sido completamente esclarecidos.
De acuerdo con EL PAÍS, la falta de respuesta de Washington contrasta con la cooperación judicial existente entre ambos países.
Fuentes de la investigación citadas por el diario interpretan la demora como una forma de favorecer la posición de Betancourt, quien ha adquirido relevancia en el nuevo escenario petrolero venezolano y aparece vinculado al acuerdo que otorgaría a Estados Unidos participación sobre una parte significativa de la producción petrolera del país.
El empresario mantiene investigaciones o actuaciones judiciales relacionadas con Venezuela, España, Estados Unidos y Suiza.
En España, la Fiscalía Anticorrupción había sostenido que existían indicios de que fondos procedentes de un supuesto fraude relacionado con PDVSA fueron introducidos en Europa mediante diversas operaciones financieras y societarias.
Según el magistrado Pedraz, la investigación no puede avanzar indefinidamente sin determinar primero el posible delito precedente del que procederían los fondos.
En un escrito fechado el 10 de agosto, advirtió que no puede permanecer “sine die” a la espera de las autoridades estadounidenses y estableció diciembre de 2026 como plazo prudencial para recibir respuesta.
Si Washington no contesta, el juez podría volver a archivar la causa.
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